Extractivismo e infraestructura en la Amazonía: El caso de la IIRSA y los retos de una gobernanza ambiental supranacional

La Amazonia representa la selva tropical mas grande del mundo, con una extensión de 5,3 millones de km² que alberga la mayor biodiversidad y reserva de agua dulce del planeta (Nobre et al., 2016; Fauset et al., 2015; Picq, 2017). La región es también el foco de inversiones transnacionales sobre minería, hidrocarburos, energía y agronegocios, y constituye el origen de alrededor del 80% de la dieta del mundo industrializado, incluyendo frutas, verduras, especies y frutos secos (Tigre, 2017). Al ser un reservorio global de carbono, un regulador del clima (Cardil et al., 2020) y una fuente global de alimentos, agua y energía (Azevedo et al., 2020), no solo beneficia a los ocho estados de la cuenca: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador, y al departamento de ultramar de Francia, la Guayana Francesa; también favorece a la comunidad internacional en su conjunto (García, 2011). Sin embargo, varios autores alertan de que la combinación del cambio climático y la deforestación producida por el cambio de uso del suelo podría hacer que la selva amazónica pasara de ser un sumidero de carbono a un emisor de carbono (Nepstad et al., 2008), creando un efecto en cascada que podría alterar por completo el ciclo del agua, el clima y la seguridad alimentaria del planeta (Azevedo et al., 2020). De hecho, las sinergias entre la deforestación, el cambio climático y los incendios forestales para facilitar agronegocios y ganadadería están deteriorando la resiliencia de la Amazonia, lo que posiblemente conduzca a un daño ambiental abrupto e irreversible durante este siglo (Pereira y Viola, 2020).