¿Los pobres extremos valoran los programas sociales en el Perú? : sobre la disposición de pago por programas de asistencia alimentaria

En un país como el Perú, donde las últimas estadísticas revelan que el 54,8% de la población enfrenta los infortunios de la pobreza y el 24,4% vive en condiciones de pobreza extrema (INEI 2002: 1), la asistencia gubernamental en la provisión de servicios básicos nutricionales es imperativo en el corto plazo. Asimismo, mientras que la existencia de una permanente restricción presupuestaria en las transferencias del Gobierno exige que estos servicios sean dotados eficientemente, la convivencia con sectores poblacionales con considerables tasas de desnutrición clama su eficacia. En el contexto de la Estrategia de Lucha Contra la Pobreza del Gobierno y como respuesta a la prevalencia de grupos poblacionales en situación de inseguridad alimentaria, el gasto social en alimentación y nutrición se incrementó de US$ 168 millones en 1995 a cerca de US$ 250 millones en el año 2001. Ello implicó una inversión de recursos per cápita anual de US$ 66, superior al estándar latinoamericano (Vásquez; Cortez y Riesco 2000: 112), que se tradujo en logros como la reducción de la desnutrición crónica infantil de 34% a 25% (Vásquez y Mendizabal 2002). No obstante, existe aún mucho camino por recorrer1 , sobre todo en materia de reorganización de la política alimentaria pública. En líneas generales, como sostienen O’Brien y Oroza (2002), estas dificultades se deben a la presencia de problemas de focalización, yuxtaposición de funciones entre los programas de alimentación y nutrición y la ausencia de un sistema integrado de monitoreo y evaluación. Todo ello ha llevado a repensar la estrategia de provisión de seguridad alimentaria y ha motivado una batería de propuestas que apuntan, precisamente, a la reestructuración de los programas en cuestión. En el corto plazo, la recomendación de mayor énfasis es evitar la superposición de programas, mediante la centralización de su administración en una sola institución. Por su parte, el principal objetivo de mediano plazo es la elaboración y monitoreo de indicadores de impacto, apostando a una política social alimentaria cada vez mejor focalizada